El Espectador revela la ponencia que discute la Corte Constitucional para frenar los impactos de esta actividad en las regiones. El voto decisivo lo tiene el conjuez Juan Carlos Henao.
Por: Juan David Laverde Palma
La locomotora minera está por descarrilarse. Ríos contaminados de los que nadie se ocupa, páramos y parques naturales amenazados por títulos mineros, multinacionales pasando de agache y 5,2 millones de hectáreas a merced de la explotación diaria son la descarnada radiografía de un mercado que parece haberse salido de control. Las voces solitarias de los ambientalistas sólo tuvieron eco cuando quedaron registradas las imágenes de varias toneladas de carbón que la multinacional Drummond vertió al mar de Santa Marta. Un daño irreparable al ecosistema que el Ministerio de Medio Ambiente tasó en una multa de apenas $6.965 millones.
La Corte Constitucional está a punto de ponerle un tatequieto a esta explotación al resolver una demanda contra el Código de Minas que podría cambiar de una buena vez el mapa de la depredación del subsuelo colombiano. El Espectador tuvo acceso a una ponencia de 58 páginas en la que el magistrado Alberto Rojas Ríos sostiene que se debe caer una norma que les prohíbe a los municipios vetar o intervenir en los procesos de explotación minera en su territorio. Es decir, hasta ahora, muy a pesar del impacto de estas actividades en las poblaciones, si existía la bendición desde Bogotá a determinado proyecto, nada podía hacerse distinto a patalear.
Pero la ponencia de Rojas es contundente: dicha norma viola el principio de autonomía de las regiones, que son en últimas las que padecen las consecuencias de la locomotora minera. Según el documento en poder de El Espectador, los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar porque los habitantes gocen de un ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial como mejor les parezca. Para el magistrado Rojas, es absurdo que hoy por hoy se desconozcan los gobiernos municipales desde un escritorio en Bogotá y con una simple firma.
En ese sentido, la ponencia advierte que el artículo 37 del Código de Minas “anula la posibilidad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio”, lo cual es reducir a los mandatarios locales a ser simples notarios de decisiones que se cocinan en Bogotá. Rojas asegura además que, con la llegada de población migrante, la actividad minera altera las costumbres de los pobladores: en algunos lugares ha generado deserción escolar y el aumento de la drogadicción, la prostitución, la violencia sexual “y el madresolterismo no deseado”. Por tales razones es vehemente en plantear que los municipios son los que deben sortear las secuelas de las mineras dentro de sus fronteras.
Asimismo, la ponencia resalta que las propias costumbres de la población irremediablemente mutan, que el desarrollo de la vida en los distritos y municipios en los que tiene lugar la explotación cambia, que la economía pecuaria o agrícola rápidamente termina sustituida por la minera o, en el mejor de los casos, desplazada, y que estas megaobras requerirán de un sitio adecuado para el depósito de los materiales necesarios para impulsar el negocio. Desde la capital es imposible trazar planes de mitigación inconsultos, puntualiza el magistrado.
“Cercenar en absoluto las competencias de reglamentación que los concejos municipales tienen respecto de la exclusión de la actividad minera no es algo accesorio o intrascendente (...). Esta limitación es una afectación relevante en la competencia de los concejos debido a los grandes impactos que las actividades mineras tienen en aspectos como el medio ambiente, el modelo de desarrollo económico que acoge un municipio, las fuentes de agua disponibles en el territorio y la vida cotidiana de los pobladores”, concluye Rojas Ríos. A pesar de que ya ha habido otras sentencias en materia de protección medioambiental, de acogerse esta posición la llamada locomotora minera podría descarrilarse.
Con una particularidad: en su ponencia, el magistrado Rojas Ríos fue consciente de que tumbar esta cuestionada norma de forma inmediata podría provocar un vacío absoluto o un limbo jurídico que sería muy peligroso para los intereses del país, pues no existiría claridad sobre qué puede hacerse o qué no, sea desde Bogotá o desde la Cochinchina, con las actividades mineras en curso. Por tal razón pidió diferir los efectos por un año, a fin de que el Congreso expida una regulación clara que respete la competencia de los municipios para decidir sobre los usos del suelo.
Salvo Gabriel Mendoza, que no estuvo en el debate, el pasado 22 de enero los demás magistrados se enfrascaron en una candente controversia por cuenta de los alcances de la ponencia de Rojas Ríos. La sala se dividió y durante más de 10 horas se escucharon voces a favor y en contra de la tesis del ponente. Al final, se alinearon en una orilla los magistrados Rojas, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, y en la otra, Jorge Pretelt y Nilson Pinilla. En una posición intermedia se ubicaron Luis Guillermo Guerrero y Mauricio González, quienes advirtieron que ese debate ya se había resuelto en otra demanda.
Al final, por no alcanzar los cinco votos requeridos, se nombró como conjuez al exmagistrado de ese tribunal y hoy rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, un hombre de línea liberal que muchos anticipan va a coincidir con Rojas. El Espectador dialogó con fuentes de la Corte Constitucional que están convencidas de que la ponencia de Rojas sería el primer tatequieto a una explotación desbordada que está depredando a Colombia. “La autonomía de las regiones es un dique para evitar que continúe la desolación y la miseria y para que la rapacidad del gobierno central amaine”, le dijo a este diario una persona cercana al expediente.
Otra más que conoce los detalles de la discusión agregó: “Este es un debate en el que se define: el oro o la vida”. La misma fuente recordó los peligros documentados de la explotación minera, que la Procuraduría ha establecido que hay 37 títulos en parques naturales que comprometen más de 36.000 hectáreas, que Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes son las regiones que más títulos mineros tienen y que la AngloGold Ashanti es la multinacional que más explota el oro en Colombia. Según registros públicos del Ministerio de Minas, si se sumara la cantidad de hectáreas que han sido otorgadas en el país para la explotación minera, el resultado sería una extensión de terreno casi tan grande como el departamento de Antioquia.
Este diario consultó a los exministros Manuel Rodríguez Becerra y Cecilia Rodríguez sobre este espinoso tema. El primero señaló que es razonable que los municipios puedan decidir cuál es la vocación de su territorio y si eso riñe con proyectos mineros. “La minería es de corto plazo y le deja el problema al municipio. La ponencia del magistrado Rojas va en consonancia con el respeto a los derechos colectivos. He sido un crítico de que el territorio nacional se esté ordenando a partir de las directrices de la Agencia Nacional de Minas. Es absurdo que desde Bogotá se decida dónde se aprueban proyectos de explotación, y los conflictos por esto son latentes”.
La exministra Rodríguez, en cambio, se mostró en desacuerdo con la autonomía de los municipios, “pues si la Corte adopta esta medida, convertiría a Colombia en una colcha de retazos porque un municipio cualquiera no tiene cómo entender la visión macro de las actividades de interés nacional. La situación es dramática, pero imagínese que algo tan delicado quede bajo la potestad de los concejales de cada región que sólo ven su pedazo de territorio y no los efectos que sus decisiones podrían tener en el país. Hay que poner restricciones para asegurarnos de que la minería sea sostenible, pero la solución no va por el lado de medidas que podrían resultar más nocivas”.
Al margen de la decisión de la Corte Constitucional al respecto, distintos estudios han prendido las alarmas sobre las consecuencias de la explotación sin medida. Por ejemplo, en el informe Impacto de la minería de hecho en Colombia se advierte que la minería tradicional está en el 44% de los municipios del país y que la presión que estas actividades ejercen sobre la población rural es muy fuerte, “pasando por encima de los intereses colectivos, destruyendo la propiedad colectiva, inflando la economía rural y transformando la propiedad privada”. Este mismo documento denuncia que, “según la Unidad de Planeación Minero-energética, al año 2010 se encontraban en trámite 54.600 polígonos correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas”. Es decir, más de la quinta parte del territorio de Colombia.
Además, la gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE encontró que el empleo en el sector de la minería y los hidrocarburos pasó de 156.000 puestos a principios de la década pasada, a 238.000 en 2012, en un sector que actualmente representa el 11% del Producto Interno Bruto y el 56% de las exportaciones. Para poner algunos números, tomados del libro Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflicto, coordinado por Luis Jorge Garay: el carbón de explotación pasó de menos de 40 millones de toneladas a principios del 2000 a más de 80 millones de toneladas en 2012, el oro pasó de 58,5 toneladas anuales en 2003 a 76,7 toneladas en 2012 y el ferroníquel, que a principios de siglo registraba exportaciones por 54.000 toneladas, dio un salto a 147.000 en 2012.
El debate en los próximos días en la Corte promete ser una “mina” de noticias. De un lado se reivindican la confianza inversionista y los beneficios de esta actividad en la economía nacional. Del otro lado, la ecuación es sencilla: es la plata o es la vida.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9
La Corte Constitucional está a punto de ponerle un tatequieto a esta explotación al resolver una demanda contra el Código de Minas que podría cambiar de una buena vez el mapa de la depredación del subsuelo colombiano. El Espectador tuvo acceso a una ponencia de 58 páginas en la que el magistrado Alberto Rojas Ríos sostiene que se debe caer una norma que les prohíbe a los municipios vetar o intervenir en los procesos de explotación minera en su territorio. Es decir, hasta ahora, muy a pesar del impacto de estas actividades en las poblaciones, si existía la bendición desde Bogotá a determinado proyecto, nada podía hacerse distinto a patalear.
Pero la ponencia de Rojas es contundente: dicha norma viola el principio de autonomía de las regiones, que son en últimas las que padecen las consecuencias de la locomotora minera. Según el documento en poder de El Espectador, los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar porque los habitantes gocen de un ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial como mejor les parezca. Para el magistrado Rojas, es absurdo que hoy por hoy se desconozcan los gobiernos municipales desde un escritorio en Bogotá y con una simple firma.
En ese sentido, la ponencia advierte que el artículo 37 del Código de Minas “anula la posibilidad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio”, lo cual es reducir a los mandatarios locales a ser simples notarios de decisiones que se cocinan en Bogotá. Rojas asegura además que, con la llegada de población migrante, la actividad minera altera las costumbres de los pobladores: en algunos lugares ha generado deserción escolar y el aumento de la drogadicción, la prostitución, la violencia sexual “y el madresolterismo no deseado”. Por tales razones es vehemente en plantear que los municipios son los que deben sortear las secuelas de las mineras dentro de sus fronteras.
Asimismo, la ponencia resalta que las propias costumbres de la población irremediablemente mutan, que el desarrollo de la vida en los distritos y municipios en los que tiene lugar la explotación cambia, que la economía pecuaria o agrícola rápidamente termina sustituida por la minera o, en el mejor de los casos, desplazada, y que estas megaobras requerirán de un sitio adecuado para el depósito de los materiales necesarios para impulsar el negocio. Desde la capital es imposible trazar planes de mitigación inconsultos, puntualiza el magistrado.
“Cercenar en absoluto las competencias de reglamentación que los concejos municipales tienen respecto de la exclusión de la actividad minera no es algo accesorio o intrascendente (...). Esta limitación es una afectación relevante en la competencia de los concejos debido a los grandes impactos que las actividades mineras tienen en aspectos como el medio ambiente, el modelo de desarrollo económico que acoge un municipio, las fuentes de agua disponibles en el territorio y la vida cotidiana de los pobladores”, concluye Rojas Ríos. A pesar de que ya ha habido otras sentencias en materia de protección medioambiental, de acogerse esta posición la llamada locomotora minera podría descarrilarse.
Con una particularidad: en su ponencia, el magistrado Rojas Ríos fue consciente de que tumbar esta cuestionada norma de forma inmediata podría provocar un vacío absoluto o un limbo jurídico que sería muy peligroso para los intereses del país, pues no existiría claridad sobre qué puede hacerse o qué no, sea desde Bogotá o desde la Cochinchina, con las actividades mineras en curso. Por tal razón pidió diferir los efectos por un año, a fin de que el Congreso expida una regulación clara que respete la competencia de los municipios para decidir sobre los usos del suelo.
Salvo Gabriel Mendoza, que no estuvo en el debate, el pasado 22 de enero los demás magistrados se enfrascaron en una candente controversia por cuenta de los alcances de la ponencia de Rojas Ríos. La sala se dividió y durante más de 10 horas se escucharon voces a favor y en contra de la tesis del ponente. Al final, se alinearon en una orilla los magistrados Rojas, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, y en la otra, Jorge Pretelt y Nilson Pinilla. En una posición intermedia se ubicaron Luis Guillermo Guerrero y Mauricio González, quienes advirtieron que ese debate ya se había resuelto en otra demanda.
Al final, por no alcanzar los cinco votos requeridos, se nombró como conjuez al exmagistrado de ese tribunal y hoy rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, un hombre de línea liberal que muchos anticipan va a coincidir con Rojas. El Espectador dialogó con fuentes de la Corte Constitucional que están convencidas de que la ponencia de Rojas sería el primer tatequieto a una explotación desbordada que está depredando a Colombia. “La autonomía de las regiones es un dique para evitar que continúe la desolación y la miseria y para que la rapacidad del gobierno central amaine”, le dijo a este diario una persona cercana al expediente.
Otra más que conoce los detalles de la discusión agregó: “Este es un debate en el que se define: el oro o la vida”. La misma fuente recordó los peligros documentados de la explotación minera, que la Procuraduría ha establecido que hay 37 títulos en parques naturales que comprometen más de 36.000 hectáreas, que Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes son las regiones que más títulos mineros tienen y que la AngloGold Ashanti es la multinacional que más explota el oro en Colombia. Según registros públicos del Ministerio de Minas, si se sumara la cantidad de hectáreas que han sido otorgadas en el país para la explotación minera, el resultado sería una extensión de terreno casi tan grande como el departamento de Antioquia.
Este diario consultó a los exministros Manuel Rodríguez Becerra y Cecilia Rodríguez sobre este espinoso tema. El primero señaló que es razonable que los municipios puedan decidir cuál es la vocación de su territorio y si eso riñe con proyectos mineros. “La minería es de corto plazo y le deja el problema al municipio. La ponencia del magistrado Rojas va en consonancia con el respeto a los derechos colectivos. He sido un crítico de que el territorio nacional se esté ordenando a partir de las directrices de la Agencia Nacional de Minas. Es absurdo que desde Bogotá se decida dónde se aprueban proyectos de explotación, y los conflictos por esto son latentes”.
La exministra Rodríguez, en cambio, se mostró en desacuerdo con la autonomía de los municipios, “pues si la Corte adopta esta medida, convertiría a Colombia en una colcha de retazos porque un municipio cualquiera no tiene cómo entender la visión macro de las actividades de interés nacional. La situación es dramática, pero imagínese que algo tan delicado quede bajo la potestad de los concejales de cada región que sólo ven su pedazo de territorio y no los efectos que sus decisiones podrían tener en el país. Hay que poner restricciones para asegurarnos de que la minería sea sostenible, pero la solución no va por el lado de medidas que podrían resultar más nocivas”.
Al margen de la decisión de la Corte Constitucional al respecto, distintos estudios han prendido las alarmas sobre las consecuencias de la explotación sin medida. Por ejemplo, en el informe Impacto de la minería de hecho en Colombia se advierte que la minería tradicional está en el 44% de los municipios del país y que la presión que estas actividades ejercen sobre la población rural es muy fuerte, “pasando por encima de los intereses colectivos, destruyendo la propiedad colectiva, inflando la economía rural y transformando la propiedad privada”. Este mismo documento denuncia que, “según la Unidad de Planeación Minero-energética, al año 2010 se encontraban en trámite 54.600 polígonos correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas”. Es decir, más de la quinta parte del territorio de Colombia.
Además, la gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE encontró que el empleo en el sector de la minería y los hidrocarburos pasó de 156.000 puestos a principios de la década pasada, a 238.000 en 2012, en un sector que actualmente representa el 11% del Producto Interno Bruto y el 56% de las exportaciones. Para poner algunos números, tomados del libro Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflicto, coordinado por Luis Jorge Garay: el carbón de explotación pasó de menos de 40 millones de toneladas a principios del 2000 a más de 80 millones de toneladas en 2012, el oro pasó de 58,5 toneladas anuales en 2003 a 76,7 toneladas en 2012 y el ferroníquel, que a principios de siglo registraba exportaciones por 54.000 toneladas, dio un salto a 147.000 en 2012.
El debate en los próximos días en la Corte promete ser una “mina” de noticias. De un lado se reivindican la confianza inversionista y los beneficios de esta actividad en la economía nacional. Del otro lado, la ecuación es sencilla: es la plata o es la vida.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9
