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domingo, 23 de marzo de 2014

BOLIVIA Y LA SALIDA AL MAR

Evo Morales reclama a Chile una salida marítima para Bolivia

El estado boliviano presentará una demanda en La Haya en abril reivindicando el acceso al mar que perdió hace 135 años

Evo Morales, este domingo en un acto en La Paz, Bolivia. / J. KARITA (AP)
Bolivia recuerda 135 años de la pérdida de su litoral, ahora bajo soberanía de Chile, depositando su confianza en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llegue a restituirle el derecho que reclama al acceso marítimo. El estado boliviano presentará una demanda contra Chile el próximo 17 de abril en La Haya.
El presidente boliviano, Evo Morales, ha aludido a esta cuestión en un discurso alejado de la beligerancia mostrada con alguna frecuencia hacia el anterior gobierno chileno, de Sebastián Piñera, y ha subrayado que en estos momentos existe “un escenario pacífico de la comunidad internacional para restituir derechos de los pueblos”.
Bolivia perdió 420 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico y 120.000 kilómetros cuadrados de litoral tras la invasión de Chile a su territorio, que terminó con la guerra del Pacífico en 1879, y reclama desde principios del siglo XIX una salida al mar.
El 23 de Marzo, declarado Día del Mar, se rinde homenaje al máximo héroe boliviano, Eduardo Abaroa, fallecido en Calama, la primera población boliviana que se resistió al paso de las tropas chilenas que invadieron territorio boliviano el 14 de febrero de 1879 en el puerto de Antofagasta.
“Hoy en nuestra América soplan otros vientos; somos un continente de paz, sin guerras ni confrontaciones que buscamos solución pacífica a la injusticia histórica”, ha afirmado Morales en el acto central celebrado en la plaza de Abaroa, en la residencial zona de Sopocachi de La Paz.
En su alocución se ha referido a los últimos acuerdos de la región latinoamericana y del Caribe que declaran al continente una zona de paz , “y sus autoridades han decidido escribir su historia sin tutelajes. Mientras la OTAN interviene militarmente a países, la UNASUR ha evitado golpes de estado y conflictos de diversa índole”.
Ha atribuido esta situación a que “son tiempos de los pueblos y no de los imperios; tiempos en los que ya no se admiten decisiones de centros imperiales para obtener ventajas de nuestros recursos naturales”. Morales considera que este 23 de marzo de 2014 es especial, pues rinde homenaje a Abaroa ya no sólo con discursos sino con algo concreto como es ratificar la demanda contra Chile.
“Lo recordamos bajo vientos de paz y esperanza entre pueblos que saben reconocer sus temas pendientes y que se respetan, que someten sus diferencias a espacios de justicia internacional”, ha declarado Morales y ha ratificado que Bolivia no renunciará a encontrar fórmulas de diálogo que lleven a esta nación, enclaustrada entre los Andes y los llanos amazónicos, a volver al mar.
“Si un dictador como Augusto Pinochet propuso una salida, esperamos que un gobierno socialista pueda hacer realidad esta demanda. Quedan pendientes otros asuntos como el Lauca, Silala, los daños económicos por el enclaustramiento y que se resuelva el trato degradante que se está aplicando a los exportadores y a los transportistas bolivianos”.
Morales ha proclamado que “Bolivia quiere mar antes de que se agoten sus recursos naturales” ante la desmedida explotación de esos recursos por parte de las empresas transnacionales. También ha dicho que “ningún Estado debiera de estar privado de un acceso al mar” y puesto que esta nación “sabe lo que es no tener acceso al mar” ha asegurado que el mar boliviano será mar abierto para todos los pueblos y no un botín de guerra ni razón para hacer crecer a los ejércitos.
El gobernante boliviano ha expresado el enfático agradecimiento ante “el compromiso del pueblo chileno, su solidaridad, para devolver una salida al mar expresada por autoridades, parlamentarios, académicos, intelectuales, movimientos sociales y a todo el pueblo por su solidad expresada a favor de la integración y, por su grito mar para Bolivia, que aún resuena en mi corazón”.
Bolivia y Chile mantienen relaciones comerciales solamente, algo tensionadas. Las diplomáticas fueron interrumpidas en 1962 a raíz del desvío unilateral del río Lauca. Fueron reanudadas el 8 de febrero de 1975 por los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer, ambos presidentes de facto, pero suspendidas por Bolivia tres años más tarde, en 1978.
Los gobiernos de Morales y de Michelle Bachelet, en su primera gestión, acordaron una agenda de trece puntos, el último sobre la demanda marítima, que sin embargo no prosperó y llevó a Bolivia a plantear una demanda ante la CIJ con el objetivo de que Chile se siente a dialogar.
Bolivia considera que los daños económicos por su encierro son cuantiosos. Chile se ha beneficiado de la explotación del guano, azufre y salitre –ambicionados por empresas británicas que, supuestamente, empujaron a la invasión--. En el territorio perdido por Bolivia se encuentran los más ricos yacimientos de cobre, puntal de la economía chilena. Además del desvío del río Lauca, que nace en Chile y moría en Bolivia, empresas chilenas explotan las aguas de los manantiales del Silala. La venden a poblaciones del norte chileno pero no han pagado nada a Bolivia en más de cien años. Respecto al tráfico de carga de exportación e importación de Bolivia por puertos chilenos, el gobierno ha reclamado el incumplimiento de los tratados que ambos países tienen suscritos desde 1904.

LA VENEZOLANIZACION DE COLOMBIA

ARMANDO MONTENEGRO 22 MAR 2014 - 10:00 PM

La venezolanización de Colombia

Armando Montenegro
El historiador Malcom Deas ha venido advirtiendo ciertas señales de venezolanización de la vida colombiana.
Por: Armando Montenegro
Deas detecta en nuestro medio algunas de las condiciones que propiciaron el populismo de Chávez y Maduro que hoy está llevando a Venezuela al desastre.
¿Cuáles son los signos de esa venezolanización? El primero es la petrolización de la vida económica y social. Con los ingresos petroleros Colombia dejó atrás la idea de que era un país pobre y se convenció de que hay dinero para todo. Se ha impuesto la convicción de que la solución de todos los problemas es la plata del Estado. La falta de competitividad se arregla con subsidios o exenciones tributarias, no con innovación y eficiencia. La política social consiste en distribuir cheques y no en asegurar el buen funcionamiento del sistema de salud y la eficacia de escuelas y guarderías. La falta de agua se arregla con un giro de recursos (nadie verifica que se construya o arregle el acueducto). El problema de los fletes se soluciona con paros y bajas de la gasolina (otro subsidio) y no con buenas carreteras que reduzcan los costos. Con la pretensión de hacer justicia social, los magistrados ordenan gastos a diestra y siniestra y se aferran a sus extravagantes pensiones de privilegio. Todos los males se atienden con mermelada. No se trata de crear riqueza y combatir, con seriedad, la pobreza, sino de redistribuir, a las patadas, la renta del petróleo.
El segundo, relacionado con el primero, es la enorme corrupción de los jueces, la policía, el ejército, los contratistas y, por supuesto, los políticos (el creciente problema de la mermelada electoral desanima las disidencias y las nuevas fuerzas sociales). Una parte de la opinión pública, como la de Venezuela de los años ochenta, piensa, en algunos casos con razón, que si no se hacen las carreteras y los colegios o si no funciona el sistema de salud, es porque los dirigentes se roban la plata (incluidos, claro, los del Polo de Bogotá).
El tercer signo es la ostensible desigualdad de la riqueza, fruto, en parte, de la prosperidad del país en los últimos años durante los cuales su economía creció más del 40% y se amasaron importantes fortunas. Millones de personas, ignoradas o rezagadas del tren de esa prosperidad, se sienten excluidas de ese nuevo país consumista.
El cuarto, que refuerza la sensación de suspicacia y desencanto, es el lenguaje áspero y la descalificación mutua de los dirigentes de los partidos (que podría compararse con los insultos que antes se lanzaban los jefes de Acción Democrática y el Copei). Las personas que creen, al mismo tiempo, todos los insultos que se lanzan los dirigentes, podrían concluir que ninguno de ellos es respetable.
Ante la percepción de que el Estado es rico, de que la corrupción está en todas partes, de que la riqueza se concentra en pocas manos, de que no hay líderes serios y pulcros, la gente puede concluir que todo el sistema es ilegítimo, excluyente y cerrado. Y ese fue el caldo de cultivo que en Venezuela favoreció la aparición de un coronel iluminado que se sintió heredero de Bolívar y prometió la redención de las mayorías y la rabiosa destrucción del viejo orden. Esto último sí lo consiguió.
(Esta columna es una versión bastante libre, ilustrada con mis propios ejemplos y comentarios, de una charla del profesor Deas)

CRECIMIENTO LENTO

EDUARDO SARMIENTO 22 MAR 2014 - 10:00 PM

Crecimiento lento

Eduardo Sarmiento
El país regresó a mediados del siglo XX. La información de cuentas nacionales muestra que la economía fue impulsada por la construcción y la minería, creció 4,3%, y el perfil resultó insuficiente para reducir los altos niveles de desempleo e informalidad.
Por: Eduardo Sarmiento
La economía operó con un cuantioso déficit en cuenta corriente contrarrestado con una explosión del crédito y unos precios de la vivienda disparados. El esquema no es sostenible. En algún momento los usuarios dejan de cumplir con las obligaciones del crédito y el valor de los inmuebles se viene abajo.
El modesto crecimiento del producto va de la mano con el empleo. La ocupación aumentó 2,2% y la reducción del desempleo se explica por el incremento de trabajadores inactivos. La disminución de la informalidad se realizó a cambio del empleo de los trabajadores veteranos.
El crecimiento de la economía fue liderado por la minería y la construcción; sin embargo, la mitad del valor agregado minero sale del país por vía de la repatriación de capitales y la otra se compensa por las secuelas negativas sobre la industria y la agricultura.
Por otra parte, la construcción está conformada por las edificaciones y las obras civiles. Las primeras han sido movidas por la burbuja de precios que parece estar llegando a su final. En el último trimestre se observaron síntomas de desinfle. Mientras, las obras civiles corresponden a los presupuestos ejecutados y no guardan relación con los materiales de construcción, en particular con el cemento, que apenas aumentó 1% en el año.
La recuperación del agro, anunciada por el Gobierno a mitad del año pasado, no se refleja en información. El crecimiento del sector se explica por el café, pero el empleo cayó 5%. Los cultivos semestrales (en particular cereales) y la ganadería no despegan.
La industria es caso aparte. El sector cumple un año y medio en recesión. En la mayoría de las actividades los precios nacionales superan los internacionales. A diario se anuncian los cierres de las empresas de automóviles y partes. La leve mejoría del sector proviene de la elevación de los aranceles a las confecciones y calzado.
La economía lleva dos años con tasas de crecimiento de 4%, que son muy inferiores a las predicciones del plan de desarrollo y a la tendencia histórica. La explicación se encuentra en el perfil de desarrollo. La economía está liderada por sectores de baja productividad y reducida capacidad de expansión sostenida.
Por lo demás, el crecimiento no guarda relación con el aumento de la capitalización de los últimos diez años, revelando que la inversión extranjera ha ido a actividades de dudosa eficiencia y utilización.
La debilidad de la economía colombiana reside en que continúa montada en un modelo de revaluación e inversión extranjera que prescinde de la industria y la agricultura e introduce una gran inestabilidad por las burbujas y la explosión del crédito. Aún más diciente, induce un perfil dominado por la minería y las obras civiles con el agravante de que el mayor margen de maniobra está en las últimas.
De allí la propuesta del FMI de una reforma tributaria para financiar el programa gubernamental de infraestructura. El remedio es peor que la enfermedad, porque significaría elevar los gravámenes al trabajo y al IVA para sustentar un gasto que favorece, primordialmente, a los sectores de altos ingresos.
Lo que se plantea es un cambio en la estructura productiva hacia un menor déficit en cuenta corriente y mayor presencia de la industria y la agricultura. Ya está visto que la tarea no puede realizarse por la vía de la devaluación debido a los efectos sobre el salario real. En su lugar, se plantea una revisión de fondo de los aranceles y la aplicación de subsidios explícitos a la contratación de trabajadores informales.
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    UVAS DE NUESTRA IRA (MENTIRA)

    MAURICIO BOTERO CAICEDO 22 MAR 2014 - 1:06 PM

    Uvas de nuestra (ment)ira

    Mauricio Botero Caicedo
    Hacer precisiones sobre artículos o columnas que contienen falsedades es importante por dos razones: la primera, como afirmaba Goebbels, es que “una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad”; y la segunda tiene que ver con la advertencia de Mark Twain a Rudyard Kipling: “Joven, primero establezca los hechos para después poder, a su antojo, distorsionarlos”.
    Por: Mauricio Botero Caicedo
    En reciente columna de Alfredo Molano, “Uvas de nuestra ira” (El Espectador, marzo 2/14), se hacen aseveraciones incorrectas como que “Hoy todo el valle está cubierto de caña de azúcar… Nada distinto a caña se puede cultivar. No hay un centímetro de la gran planicie donde no se cultive esa mata. No hay algodón ni arroz, como hace apenas unos años; no se cosecha yuca ni plátano”. De acuerdo con el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, en el Valle del Cauca se siembran más de 70 mil hectáreas de café, más de 30 mil hectáreas de frutales; más de 90 mil hectáreas de cultivos transitorios como maíz, soya, arroz, fríjol y sorgo; más de 25 mil hectáreas de plátano; cerca de 4 mil hectáreas de hortalizas, entre otros productos...”.
    Dicha columna, además, asevera: “Seis ingenios dominan la producción”. No son seis ingenios. En el Valle del Río Cauca existen 15 ingenios azucareros, con más de 1.000 accionistas (de los cuales el autor de esta nota es uno de ellos). Adicionalmente hay 580 trapiches, casi en su totalidad minifundios; 2.700 proveedores de caña que en el 80% son fincas de menos de 100 hectáreas; cinco destilerías para la producción de alcohol; un productor de papel a partir de bagazo; una empresa sucroquímica (Sucroal); más de 40 empresas de alimentos, tres empresas de gaseosas, ocho empresas de vinos y licores y más de 50 proveedores especializados. Son 188 mil los empleos directos e indirectos generados por la producción de azúcar en la región.
    Molano igualmente afirma: “Sobra decir que ya no existen campesinos, tampoco hay obreros, las máquinas cortadoras de caña los reemplazaron”. Haciendo abstracción de las decenas de miles de campesinos con cultivos de frutas, plátano y hortalizas, en el Valle del Cauca la caña se cosecha manualmente en el 56% del área, donde existen nueve mil corteros de caña contratados directamente por los ingenios o por empresas de cosecha formalmente constituidas, con todas las prestaciones legales y salarios promedio superiores a dos SMMLV. Es oportuno aclarar que en buena parte la mecanización de la cosecha obedece a las normas ambientales que restringen la quema de las cañas. Un estudio de Fedesarrollo (Cuaderno No. 31, 2010) concluye que “Los municipios cañicultores tienen mejores índices sociales (mayor Índice de Calidad de Vida (ICV) y menores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)), educativos (mayor tasa de alfabetismo, mayor tasa de asistencia escolar y más años de escolaridad) y de salud (menores tasas de mortalidad y morbilidad) que los municipios de los demás sectores agrícolas representativos del país”.
    “Y como ya no hay más tierra libre en el Valle para sembrar caña debido a la demanda constante de alcohol carburante…”, asevera a continuación la columna. La producción de alcohol no se ha realizado con siembra de nuevas tierras, sino con las existentes, con el fin de sustituir parte del azúcar que se exporta al mercado mundial, el cual está sujeto a múltiples distorsiones y bajos precios.

    MANO FIRME

    WILLIAM OSPINA 22 MAR 2014 - 10:00 PM

    La mano que firma

    William Ospina
    Todos sabemos que el alcalde Gustavo Petro no ha cometido ningún crimen. Es posible que haya incurrido en un error administrativo, que corrigió en tres días, y a eso tiene derecho todo gobernante.
    Por: William Ospina
    Todos sabemos de qué manera se ha esforzado por combatir la corrupción, el peor de los males de la administración en Colombia, y por intentar, dentro de los cauces de la ley, cambiar cosas en una sociedad de privilegios e injusticias. Ahora que lo han destituido, y que él civilmente ha acatado la sanción injusta, no dejarán de ensañarse con él y de tratar de sacarle en clave shakespereana su tajada de carne.
    Todos sabemos que el procurador, en esta y en otras ocasiones, se ha mostrado más como un inquisidor que como un celoso defensor de la institucionalidad. La prensa ha demostrado que sus atribuciones son excesivas y que él, contrariando el espíritu de las leyes, aprovecha esa largueza de la ley positiva para montar un tribunal de dogmas y arbitrariedades.
    Si le importara tanto la estabilidad institucional, como dice, no habría sometido a la ciudad a una crisis como la que acaba de vivir, destituyendo e inhabilitando a un alcalde honesto, indignando a la ciudadanía, poniendo en jaque a la administración y abusando de unas atribuciones que él mismo debe saber que son excesivas y antidemocráticas.
    Para que la historia lo recuerde, ese mismo funcionario tan inflexible, que destituye e inhabilita a un alcalde de izquierda por un tropiezo administrativo, ha dejado pasar sin sanciones ni inhabilitaciones de ninguna índole la pérdida de buena parte del mar territorial de Colombia en el Caribe.
    ¿A qué juegan estos celosos defensores de la ley y de la institucionalidad? ¿Qué democracia es esta? ¿Quién juzga a los juzgadores, quien destituye a los que destituyen, quien inhabilita a los que tan profusamente se regodean en inhabilitar a los demás?
    Los hechos son como mapas de los momentos históricos de una sociedad. En las semanas recientes Colombia ha hecho lo posible por demostrarse a sí misma en qué clase de sociedad se ha convertido. Jugamos a no darnos cuenta, pero ahí están día tras día las evidencias: una democracia en la que apenas vota un poco más del 40 por ciento del electorado, en la que un millón y medio de votantes ni siquiera entiende la mecánica de la elección, en la que casi un millón de personas vota en blanco y en la que más de la mitad de los electores son manipulados por gamonales y por toda clase de presiones locales.
    Un expresidente varias veces reelegido para cargos públicos ha dicho que las elecciones son ilegítimas sólo porque a él le escamotearon 250.000 votos, pero lo que en verdad es ilegítimo es el sistema electoral colombiano. Además de la compra de votos y del manejo de clientelas, hay muchos instrumentos para negar en la práctica lo que la democracia promete. Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro e incontables militantes de izquierda lo supieron. Y hoy Aída Avella, Piedad Córdoba y Gustavo Petro saben que en nuestra “alambrada de garantías hostiles”, como alguien la llamó hace mucho, funcionan y se articulan las balas, el exilio, el umbral y la destitución e inhabilitación por muchos años de los elegidos.
    Mientras los medios de comunicación en nuestro país se movilizaban con alarma para denunciar los desórdenes en la sociedad venezolana, que han provocado ya más de 30 muertos en las calles, y la grave inseguridad en el vecino país, no ponían el mismo celo ni el mismo énfasis en informarnos sobre los descuartizamientos sistemáticos en Buenaventura o la situación de terrible violencia callejera que padecemos.
    Pero las sociedades reaccionan: esta semana el diario El Tiempo ha mostrado una radiografía escandalosa de la situación en Cali, donde el índice de asesinatos llega ya a 85 por cada cien mil habitantes, tal vez la cifra más alta del globo. Leyéndola, volví a sentir la desesperación que sentía de niño ante las atrocidades de la violencia en Colombia.
    Juan Manuel Santos está tratando de abrirle paso a un proceso de paz con la guerrilla de las Farc desde hace dos años, y todos sabemos cuán urgente y cuán indispensable es terminar ese conflicto de 50 años, que consume vidas y recursos sin fin, y bajo cuya sombra alienta todo el desorden de nuestra sociedad.
    Pero ese mismo presidente pacificador ¿cómo podrá garantizarles a los que hoy persisten en la guerra y en la desconfianza unos derechos que acaba de negarle a un desmovilizado que obró lealmente, que no cometió ningún crimen, ante los ojos atónitos de una comunidad inconforme y cerrándole la puerta en la cara a la justicia internacional? Me temo que nada de lo que firme con sus adversarios tendrá ya credibilidad, ni a los ojos de la comunidad colombiana ni a los ojos de la comunidad hemisférica.
    Colombia se está convirtiendo en un país cuyos presidentes prometen públicamente acatar las sentencias de la justicia internacional y se burlan de los tratados en cuanto esas sentencias se muestran adversas.
    La paz es mucho más que una firma en un papel, pero la firma tiene que ser creíble, y al parecer aquí hace tiempo que el cálculo político dejó por fuera los principios. Se llama a la paz a los que hacen la guerra, pero se destituye y se inhabilita a quienes lealmente se esfuerzan por construir una Colombia distinta.
    Con la misma mano con que Juan Manuel Santos firmó la destitución del alcalde Gustavo Petro, negando las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible que se haya destituido a sí mismo como artífice de la paz en Colombia.

    *William Ospina

    EL ASALTO

    RAMIRO BEJARANO GUZMÁN 22 MAR 2014 - 10:00 PM
    Notas de Buhardilla

    El asalto

    Ramiro Bejarano Guzmán
    Es posible que Juan Manuel Santos no esté consciente del daño causado a la democracia al privilegiar la arbitraria decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir a Gustavo Petro, por ser mal alcalde pero no corrupto. Fueron muchas las razones por las cuales precipitadamente se decidió no acoger las medidas cautelares decretadas por la CIDH, ninguna jurídica.
    Por: Ramiro Bejarano Guzmán
    La Casa de Nariño se guió por unas encuestas cuya tendencia por estos días es desfavorable a Petro, y en el corazón siempre calculador del mandatario pesó más ponerse del lado de los que él cree buenos, porque en vísperas de su reelección no se pueden correr riesgos apoyando a un burgomaestre impopular. Lo que no midió el presidente es que muchos de los votos de la ultraderecha que lo apoyarán por destituir al alcalde, muy seguramente no votarán por él sino por Zuluaga y Peñalosa, pero, en cambio, sí lo harán en su contra los miles de seguidores frustrados de Petro y muchos indignados de otras colectividades.
    A Santos no le importó incumplirle a Petro la promesa de que acogería las medidas cautelares, con lo cual confirmó que su fuerte no es ser un hombre de palabra, menos estando de por medio el tenebroso procurador Ordóñez, a quien le temen en Palacio por cuenta de viejas investigaciones que aún no se archivan y desvelan a más de uno.
    Pero también hay quienes aseguran que al vacilante oído de Santos llegaron las voces de algunos subalternos que no estaban dispuestos a que el Gobierno apoyara la tesis del fiscal Montealegre de que se acogieran las medidas cautelares de la CIDH, y por la vía del odio lo hicieron equivocar y de paso convirtieron a Colombia en un país irrespetuoso del sistema interamericano de derecho, igual que la satrapía venezolana. El procurador, Fernando Londoño Hoyos, Francisco Santos, Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, y toda la arrogante ultraderecha, aunque les duela, hoy quedaron en el mismo circo de Chávez y Santos.
    En lo jurídico, es deplorable la actitud del Gobierno. No hubo nadie capaz de detener los disparates con los que han pretendido sustentar este desacierto mayúsculo. Sostener que en el caso de Petro las medidas cautelares de la CIDH no eran vinculantes, porque no se utilizó el verbo “ordenar” sino “solicitar”, es un embuste grotesco. Igualmente excusarse en que lo que vincula son decisiones de la Corte Interamericana y no las de la Comisión, para no acatar por primera vez en la historia las medidas cautelares de la CIDH, es un argumento tramposo propio de quien quiere torcer la ley, pues la Corte Constitucional, en sentencias T 558/03 y T 327/04, de tiempo atrás ha sostenido que el Estado colombiano está obligado a acatar esas medidas, sin importar el derecho sobre el cual versen. Y peor todavía alegar que no era posible acoger las medidas de la CIDH dizque porque los derechos políticos no son fundamentales, coartada que no se le ha ocurrido ni siquiera a Nicolás Maduro.
    No es cierto, contrario a lo que afirma el Gobierno, que Petro hubiese tenido todas las garantías judiciales, y que cuente con instrumentos eficaces para buscar la protección judicial. Se necesita ser ciego para no advertir que la precaria mayoría del Consejo de Estado que denegó las tutelas está conformada por magistrados aquerenciados con la mermelada de la Procuraduría, al igual que en el Consejo de la Judicatura. Hubo hasta un togado que previamente dijo a los medios que no procedían las tutelas por ilegitimidad de los demandantes, y ese planteamiento hizo parte luego de la decisión en la que participó sin haberse declarado impedido.
    Habría sido mejor que Petro hubiese sido derrotado en las urnas, que este manotazo contra la juridicidad orquestado desde una Procuraduría arbitraria y perseguidora, ante la cual sucumbieron todos menos el fiscal Montealegre.
    Adenda. A quienes creen que es un exceso mi propuesta de revocar a los magistrados de las altas cortes, que miren cómo la muy astuta doctora Ruth Marina Díaz consiguió nombrar a otro de los suyos, Álvaro Fernando García, como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema. El sistema judicial ha colapsado, de ello no hay duda. Esta corruptela hay que pararla.
    notasdebuhardilla@hotmail.com