Los chigüiros muertos, las tortugas muertas, las babillas muertas y las vacas muertas en el Casanare por la sequía han impresionado —¡por fin!— a la opinión pública y han obligado a las autoridades ambientales a dar la cara.
Por: Alfredo Molano Bravo
Al mismo tiempo, se incendiaban 3.000 hectáreas en Chocó, la zona más lluviosa y húmeda del país, y en la Sierra Nevada de Santa Marta ardían otras tantas hectáreas en el Guachaca, dominado aún por paramilitares. La ministra de Medio Ambiente entregó, siendo jefa de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), permisos a dos manos a las numerosas compañías petroleras que explotan el Llano: Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa, Petrominerales, Ecopetrol, New Granad y Parex. Estas empresas contratan sus propios estudios de impacto, que luego suelen ser copiados literalmente en las resoluciones que autorizan las concesiones. La ministra fue empleada de Ecopetrol, Cerrejón y Amoco Petroleum Company, lo que explica su prodigalidad y la manera tan deportiva como tomó el desastre: si apenas son 6.000 chigüiritos y la culpa es del cambio climático. La gente del Llano ve pasar las mil tractomulas con petróleo y dice: con ellas se va también nuestra agua. Razón no le falta: los petroleros no sólo desvían cauces de agua para inyectarla en los pozos, sino que también destrozan los acuíferos —alma de los esteros— para saber si hay crudo. Manuel Rodríguez, exministro del ramo, acepta la hipótesis de la gente. En Tauramena, el pueblo ganó una consulta contra los petroleros, el Gobierno la desconoció y el procurador remató amenazando a los alcaldes de la zona con destituirlos si volvían a molestar a las honorables compañías. Los petroleros son hoy los reyes del Llano y el Gobierno les acolita todas las barbaridades que hacen y las que hicieron para poder hacer las que hacen. La pauta publicitaria ahoga las denuncias.
La ganadería —y en particular la del piedemonte— ha devastado los nacederos de agua en las cabeceras y los cursos medios de los ríos. La Sierra Nevada del Cocuy, donde nacen los ríos del Casanare, está a punto de perder lo que se llamaban las nieves perpetuas. La ganadería extensiva, que parecía el peor mal, ha sido desplazada por otro peor: los cultivos de palma africana, caña, teca, acacia, pinos, soya, maíz transgénico y arroz certificado. No sólo drenan los humedales para sembrar sus matas, sino canalizan los ríos y los caños para regar sus miles de hectáreas. El precio de la tierra se ha disparado en el Llano. Una hectárea, que hace cinco años costaba 500.000 pesos, cuesta hoy cinco millones. Pero se puede vender en 10 millones si se le pone agua. Es lo que están haciendo los especuladores de rentas: encauzar aguas, drenar esteros, arrasar morichales para vender más caro.
Una de las conclusiones a las que hay que llegar es que los trabajos de sísmica, la ganadería extensiva, la explotación agroindustrial —real o especulativa— deben presentar planes de manejo a las comunidades, que son las verdaderamente afectadas. Dicho de otra manera: las consultas previas para la explotación del campo deben ser un requisito para invertir en esas regiones. Lo que ha sucedido en Casanare es lo que sucede en el Llano y en gran parte del país. Es urgente entenderlo como una seria advertencia —quizás un alarido— de la naturaleza para impedir que la vida continúe siendo destrozada por las furias del interés privado. La iniciativa del alcalde de Villavicencio de cobrarles a las petroleras un impuesto verde para resarcir los daños que ocasionan y crear nuevos y más parques nacionales naturales como el del Morichal del Casanare que propone el biólogo Rodrigo Botero, podrían ser una medida complementaria.
