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martes, 18 de marzo de 2014

UCRANIA NO RECONOCE LA INCORPORACION DE CRIMEA A RUSIA

EL MUNDO 18 MAR 2014 - 9:08 AM

Ucrania no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia

Así lo indicó el canciller Yevgueni Perebeinis.
Por: EFE
Ucrania no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia
Ucrania no reconoce la anexión de la autoproclamada República de Crimea y del municipio crimeo de Sebastopol a la Federación de Rusia, consumada este martes mediante un tratado firmado en el Kremlin, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.
"No reconocemos ni reconoceremos nunca ni la así llamada independencia, ni tampoco el así llamado acuerdo de incorporación de Crimea en la Federación de Rusia", dijo a los periodistas el director de Política Informativa de la Cancillería ucraniana, Yevgueni Perebeinis.
El diplomático ucraniano aseguró que la firma del tratado bilateral por el que se acoge a la república de Crimea y la ciudad de Sebastópol en el seno de la Federación Rusa "no tiene nada en común con la democracia, ni con el derecho ni con el sano juicio".
El presidente ruso, Vladímir Putin; el primer ministro de Crimea, Serguéi Axiónov; el jefe del Parlamento, Vladímir Konstantínov, y Alexéi Chali, el jefe de la ciudad de Sebastópol, que se integrará en Rusia como ciudad federada, suscribieron el acuerdo en el Kremlin.
Tras la firma, tanto Crimea como Sebastópol (donde tiene su base la Flota rusa del mar Negro), se convirtieron automáticamente en sujetos de la Federación Rusa.
Crimea tiene unos dos millones de habitantes, de los cuáles cerca del 60 por ciento son rusos, 24 por ciento ucranianos y 12 por ciento tártaros.

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DE LO ETICO A LO ETNICO

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO 17 MAR 2014 - 10:39 PM

De lo ético a lo étnico

César Rodríguez Garavito
¿Cómo fue que la clase política se tomó los puestos de los afrocolombianos en el Congreso?
Por: César Rodríguez Garavito
¿Cómo evitar que pase de nuevo? Muchos se hacen estas preguntas, indignados por la elección a la Cámara de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, dos políticos a los que les sobran los cuestionamientos éticos, pero les faltan las razones por las que la Constitución reservó curules para afros: la experiencia de discriminación por el color de la piel y el trabajo por las comunidades negras.
Las curules indígenas y afros surgieron de la Constituyente de 1991. Allí, los representantes indígenas adujeron, con razón, que eran la única forma como unos y otros tendrían una voz permanente en un parlamento —y un país— que los había excluido históricamente. Hoy llegan al Congreso dos senadores y un representante indígenas, y dos representantes por las comunidades negras.
El problema es que la Ley 649 de 2001, que reguló estas circunscripciones especiales, dejó mejor definidos los criterios para los indígenas que para los afros. Mientras a los primeros se les exige “haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena”, a los segundos sólo “ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización” afro. De modo que cualquier blanco o mestizo puede declararse negro y conseguir el aval de una de las miles de organizaciones improvisadas que el Ministerio del Interior registra sin ningún rigor.
El boquete no pasó desapercibido para los políticos rechazados por otros partidos por conexiones turbias o los que vieron en él la oportunidad de ser congresistas con votaciones menores a las que habrían necesitado en la competencia por curules regulares. Así fue elegido el cuestionado Yahír Acuña en 2010 y así ganaron ahora Bustamante y Orozco.
La solución va más allá de lamentarse de los políticos que lavan lo ético con lo étnico. Implica discutir la pregunta que el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral prefieren esquivar por ser políticamente incorrecta: ¿quién cuenta como candidato afro y quién no? Es políticamente incorrecta porque reconoce que el color de la piel importa; que tener facciones negras reduce drásticamente las oportunidades políticas, educativas y laborales en Colombia, como lo hemos mostrado en estudios del Observatorio de Discriminación Racial. Implica también concluir que las curules deben ir a personas negras que han sentido en carne propia la discriminación contra la cual fueron creadas esas oportunidades.
¿Cómo decidir quién es negro y quién no? ¿Acaso la sola pregunta no genera las mismas distinciones que pretende combatir? Son interrogantes razonables que se hacen incluso quienes denuncian el racismo. Pero la crítica generalizada contra Bustamante y Orozco muestra que no es tan difícil hacer la distinción. Y que así como existen criterios de color para discriminar —pregúntenle a un portero de una discoteca que no admite negros—, no hay razón por la cual no puedan aplicarse para contrarrestarla. Así lo hacen las universidades brasileñas para admitir más estudiantes negros o la Fundación Color para dar premios a los afrocolombianos del año.
La anterior es una solución válida. Otra sería exigir lo mismo que a los representantes indígenas: haber ejercido un cargo de autoridad en un consejo comunitario negro o haber sido líder de una organización afro reconocida. Nada garantiza que sean idóneos. Pero al menos no serían una burla a quienes han sido objeto de burlas a lo largo de la historia.

* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

CASI TODOS DE ESPALDAS

EDUARDO BARAJAS SANDOVAL 17 MAR 2014 - 11:00 PM

Casi todos de espaldas

Eduardo Barajas Sandoval
A la mayoría de los colombianos no parece haberle importado la elección del Congreso.
Por: Eduardo Barajas Sandoval
A juzgar por el índice de participación en la jornada electoral del 9 de marzo, se puede decir que son más los ciudadanos que no se interesaron por la forma en la que quedaría constituida la rama del poder que va a legislar. ¿Será que les importa lo que el Congreso vaya a decir, hacer, y sobre todo a decidir? ¿Habrán tenido claro que precisamente éste Congreso decidirá unas cuantas cosas sobre el destino del país, es decir sobre el destino de todos, por ejemplo si se llegan a firmar unos acuerdos de paz? ¿Será que esos acuerdos les importan?, o ¿están tan habituados a la guerra que ésta les parece normal y les da lo mismo vivir su vida en medio de ella, unos más en contacto y otros más alejados de su brutalidad?
Hay quienes dicen que cambiarían un kilómetro de Legislativo por cien metros de Ejecutivo. Con ello dan a entender que lo importante en el escenario político es estar en el Gobierno y no en el Congreso. Pero el Congreso legisla, es decir ordena la vida de los colombianos a través de leyes. Además tiene la obligación de controlar al Ejecutivo, algo que no es poca cosa, salvo claro está en la Comisión de Acusaciones, célebre por su precariedad para producir resultados ejemplarizantes.
El Congreso que se acaba de elegir tendrá la obligación de legislar, con leyes buenas o malas, producidas por legisladores buenos o malos, sobre temas fundamentales. En los próximos cuatro años, se deberá ocupar del sistema de salud, del que todos somos víctimas, del de justicia, que sigue siendo materia pendiente, del de educación, que aunque no se arregle simplemente con leyes nos tiene hoy en los últimos lugares del mundo. También deberá decidir sobre los impuestos que unos u otros debemos pagar, sobre el rescate y la modernización del sector agrario, sobre el destino del patrimonio común de todos los colombianos, sobre tratados internacionales, incluyendo los TLC, y sobre una u otra fórmula para que después de décadas podamos vivir en paz, como todos lo merecemos. Y tal vez por encima de todo deberá decidir sobre las transformaciones que necesita nuestro Estado, que cada vez queda más rezagado en su diseño ante los requerimientos del presente y del futuro.
Con la elección de un Congreso que representa la voluntad política de una minoría de los colombianos todos hemos quedado mal, porque la mayoría no está representada en ninguna parte. El Congreso sabe bien, o debería saberlo, que no tiene respaldo popular suficiente. Con la excepción notable de curules obtenidas por verdaderos e innovadores líderes de opinión, los recién elegidos deben tener conciencia de que no basta con el apoyo de caciques locales, agentes de votaciones amarradas, aspirantes a puestos burocráticos y admiradores del tejemaneje de la política tradicional. Deben saber también que el país excede esos límites, y es todo ese país que hay más allá el que nos debe preocupar.
Si a las consideraciones anteriores agregamos que históricamente el Ejecutivo tampoco ha tenido, ni tiene ahora respaldo mayoritario, es fácil concluir que nuestro sistema político es accesorio, que funciona alrededor de un Estado al que la mayoría social le ha vuelto la espalda. Un Estado mal visto, precariamente respaldado, del que muchos no quieren siquiera oír, entre otras cosas porque no saben cómo actuar políticamente, ya que tienen de la política una idea contaminada por experiencias propias o ajenas que no quieren repetir. Un Estado de liderazgo precario que ha sido incapaz de ganarse la credibilidad de los colombianos, lo mismo que no ha logrado controlar el territorio, construir una infraestructura adecuada para el desarrollo, establecer un sistema pertinente de manejo de la realidad regional y conseguir una sociedad más igualitaria.
La oportunidad electoral ya pasó y sólo se repetirá en un cuatrienio. El Congreso elegido tiene, particularmente bajo las actuales condiciones del país, la obligación de ser ejemplar. Esto quiere decir que la actitud de los congresistas, todos, debe ser constructiva por el bien de la nación. Que debe ser responsable tanto en los debates como en las definiciones, y debe saber que en sus manos no está solamente la tarea de legislar con sabiduría y sentido histórico sino la de dar buen ejemplo de talante republicano.
Si, dada la animosidad de la campaña y los antecedentes de enfrentamiento personal de muchos de los nuevos habitantes del capitolio, las sesiones se convierten en escenario de recriminaciones, de enfrentamientos de sordos, de debates sin sustancia y de ataques personales, se le estará produciendo un daño muy grave a la nación. También se estará contribuyendo al naufragio de un sistema político que parece un barco que hace agua, mientras tripulantes y pasajeros se vuelven la espalda. Como se vuelven la espalda entre ellos los políticos, y las clases sociales, y los habitantes de uno u otro sector de las grandes ciudades. La mayor responsabilidad corresponde ahora, en todo caso, a los congresistas, porque los ciudadanos no quisieron usar la herramienta que tenían en sus manos, con el voto por alguien o en blanco, para manifestar su posición, y muy difícilmente estarán dispuestos a ejercer el control del que todavía podrían disponer.