A partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se viene dando una puja por lo que algunos economistas, interesados en el tema desde los tiempos de Adam Smith, llaman el mercado de las religiones.
Por: Armando Montenegro
Cada iglesia trata allí de ganar adeptos y aumentar su participación. Estudios realizados en Estados Unidos, un país bastante religioso, con separación entre las iglesias y el Estado, indican que la competencia entre las iglesias estimula la actividad religiosa y, en algunos casos, eleva el cumplimiento de los deberes de los fieles con la familia y la comunidad.
Las participaciones en este mercado han cambiado significativamente en Colombia. A diferencia del cuasi monopolio católico, apuntalado por la ley, ahora existen miles de iglesias y la católica ya sólo tiene un porcentaje cercano al 70%; las protestantes un 20%; los ateos y sin religión entre el 8 y el 15%; y las demás religiones un 2% (cifras todas muy aproximadas). Las encuestas muestran que la participación activa es mucho mayor entre los protestantes y no cristianos (muchos católicos no son practicantes).
Al igual que los crecimientos acelerados en el sector empresarial pueden ser síntomas de comportamientos audaces, la espectacular expansión de la iglesia de los Piraquive ha llamado la atención y ha motivado debates e interesantes informes periodísticos. Se ha concluido que, como en la competencia en el mercado de bienes y servicios, en el religioso deben existir reglas básicas y, para evitar abusos, algunos observadores han propuesto mayores controles estatales, un tema delicado que toca la libertad de cultos y de conciencia. Así como los seguidores de los Piraquive dicen, convencidos, que no objetan que esta familia, que a su entender está más cerca de Dios, tenga mansiones en Miami, de esa misma forma algunos católicos justifican la magnificencia del Vaticano.
Aparte del estricto cumplimiento de la ley, el Estado debería exigir que se divulgue información abundante sobre los ingresos y gastos de las iglesias, en especial los de sus directivas, de tal manera que la gente pueda tomar decisiones con los ojos abiertos. Como en los clubes, los aportes voluntarios de los miembros, siempre y cuando ellos sepan qué pasa con la plata, no deberían regularse.
Sobre las relaciones de la iglesia de los Piraquive con la política –que evocan ciertos capítulos de la historia en el siglo XIX y buena parte del siglo XX—, las autoridades electorales deberían exigir información sobre flujos de dinero entre esas dos actividades, pero no podrían prohibir que se hable de política en los templos (ni de religión en las plazas). La gente sabrá si acepta eso o no (esto era más delicado cuando existía una religión oficial).
Así como algunos asuntos de la Iglesia católica (ciertos escándalos aislados y sus normas de planificación familiar) pueden llevar a que algunas personas busquen religiones que se acomoden mejor a sus principios, las revelaciones sobre la organización de Piraquive podrían inducir a que algunos fieles se vayan para otro lado. Este es uno de los beneficios de la prensa investigativa y de los debates en un mercado abierto. Otras religiones (así como los ateos y agnósticos, organizados en Colombia) podrán aprovechar y promocionar sus ventajas y fortalezas. Los consumidores, al final, podrán decidir con quién se quedan.
Las participaciones en este mercado han cambiado significativamente en Colombia. A diferencia del cuasi monopolio católico, apuntalado por la ley, ahora existen miles de iglesias y la católica ya sólo tiene un porcentaje cercano al 70%; las protestantes un 20%; los ateos y sin religión entre el 8 y el 15%; y las demás religiones un 2% (cifras todas muy aproximadas). Las encuestas muestran que la participación activa es mucho mayor entre los protestantes y no cristianos (muchos católicos no son practicantes).
Al igual que los crecimientos acelerados en el sector empresarial pueden ser síntomas de comportamientos audaces, la espectacular expansión de la iglesia de los Piraquive ha llamado la atención y ha motivado debates e interesantes informes periodísticos. Se ha concluido que, como en la competencia en el mercado de bienes y servicios, en el religioso deben existir reglas básicas y, para evitar abusos, algunos observadores han propuesto mayores controles estatales, un tema delicado que toca la libertad de cultos y de conciencia. Así como los seguidores de los Piraquive dicen, convencidos, que no objetan que esta familia, que a su entender está más cerca de Dios, tenga mansiones en Miami, de esa misma forma algunos católicos justifican la magnificencia del Vaticano.
Aparte del estricto cumplimiento de la ley, el Estado debería exigir que se divulgue información abundante sobre los ingresos y gastos de las iglesias, en especial los de sus directivas, de tal manera que la gente pueda tomar decisiones con los ojos abiertos. Como en los clubes, los aportes voluntarios de los miembros, siempre y cuando ellos sepan qué pasa con la plata, no deberían regularse.
Sobre las relaciones de la iglesia de los Piraquive con la política –que evocan ciertos capítulos de la historia en el siglo XIX y buena parte del siglo XX—, las autoridades electorales deberían exigir información sobre flujos de dinero entre esas dos actividades, pero no podrían prohibir que se hable de política en los templos (ni de religión en las plazas). La gente sabrá si acepta eso o no (esto era más delicado cuando existía una religión oficial).
Así como algunos asuntos de la Iglesia católica (ciertos escándalos aislados y sus normas de planificación familiar) pueden llevar a que algunas personas busquen religiones que se acomoden mejor a sus principios, las revelaciones sobre la organización de Piraquive podrían inducir a que algunos fieles se vayan para otro lado. Este es uno de los beneficios de la prensa investigativa y de los debates en un mercado abierto. Otras religiones (así como los ateos y agnósticos, organizados en Colombia) podrán aprovechar y promocionar sus ventajas y fortalezas. Los consumidores, al final, podrán decidir con quién se quedan.
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