El derrumbe de la URSS acabó con la utopía de tener sociedades felices, sin pobres, sin propiedad privada y con niveles crecientes de prosperidad.
Por: José Fernando Isaza
Los países nórdicos adoptaron desde el siglo XX políticas de bienestar y distribución del ingreso que constituyen el núcleo del llamado “socialismo del siglo XXI”. El Estado se reserva la propiedad de empresas estratégicas, como el petróleo en Noruega, el sistema tributario grava la riqueza y el alto ingreso y la distribución se logra con tributación y con la asignación del gasto público. Se garantizan los derechos de salud, educación y pensión y la libertad individual y colectiva. Otros derechos, como el medio ambiente limpio y el disfrute del tiempo libre, son política de Estado.
En América Latina, Brasil, Ecuador y Venezuela han adoptado el socialismo del siglo XXI. Los resultados son bien diferentes. En Brasil el subsidio a las familias pobres para que envíen sus hijos a la escuela y los programas de seguridad alimentaria han permitido mejor distribución del ingreso, y el índice de Gini es hoy más favorable que el colombiano. Ha sido difícil implementar reformas al sistema de pensiones: el aporte estatal lo captan las personas de mayores recursos, los legisladores y los altos funcionarios públicos. En Ecuador se han logrado avances significativos en salud, educación e infraestructura. Ya no somos, para ellos, el coloso del norte. Nos han superado en los indicadores de competitividad y en los índices de calidad de vida. Como diría Perogrullo, los países en los cuales no se roban los dineros públicos tienen más posibilidades de construir y mejorar su infraestructura social y física.
En Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, el gasto público permitió mejoras en la educación y la salud, y el índice de desarrollo humano mejoró sustancialmente. Los ingresos petroleros se dirigieron a un mejor bienestar de la población. Por alguna extraña razón, los gobiernos de Chávez y Maduro consideraron que para lograr las metas del socialismo debía destruirse el sistema productivo, público y privado, así debilitaron a la petrolera estatal Pdvsa. Han establecido políticas que estimulan elevados niveles de corrupción: la más significativa es el manejo de la tasa de cambio. Diferencias de 8 a 1 entre tasa fiscal y la del mercado fomentan la corrupción; así ocurrió en lo países de Europa del Este, en Rusia y en Cuba. La asignación de divisas es otra fuente de enriquecimiento ilícito y rápido. Para no ir muy lejos, en Colombia, cuando existía la Superintendencia de Control de Cambios, se decía que sus funcionarios pasaban a mejor vida en esta. Se afirmaba que un alto funcionario decía: “Le apuesto US$10.000 a que no le aprueban su solicitud de dólares”. Si el empresario aceptaba, la obtenía, pero perdía la apuesta.
Es inconcebible que el gobierno de Maduro crea que el desabastecimiento de productos básicos es una política de redistribución del ingreso. Chávez, más sagaz, abasteció los Mercales, en especial en las épocas de elecciones. El diferencial cambiario hace casi inevitable que se desabastezca la frontera, el contrabando a Colombia de bienes importados a Venezuela a la tasa oficial de cambio genera altísimas utilidades ilegales. Lecciones elementales de mercadeo le serían útiles a Maduro.
En América Latina, Brasil, Ecuador y Venezuela han adoptado el socialismo del siglo XXI. Los resultados son bien diferentes. En Brasil el subsidio a las familias pobres para que envíen sus hijos a la escuela y los programas de seguridad alimentaria han permitido mejor distribución del ingreso, y el índice de Gini es hoy más favorable que el colombiano. Ha sido difícil implementar reformas al sistema de pensiones: el aporte estatal lo captan las personas de mayores recursos, los legisladores y los altos funcionarios públicos. En Ecuador se han logrado avances significativos en salud, educación e infraestructura. Ya no somos, para ellos, el coloso del norte. Nos han superado en los indicadores de competitividad y en los índices de calidad de vida. Como diría Perogrullo, los países en los cuales no se roban los dineros públicos tienen más posibilidades de construir y mejorar su infraestructura social y física.
En Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, el gasto público permitió mejoras en la educación y la salud, y el índice de desarrollo humano mejoró sustancialmente. Los ingresos petroleros se dirigieron a un mejor bienestar de la población. Por alguna extraña razón, los gobiernos de Chávez y Maduro consideraron que para lograr las metas del socialismo debía destruirse el sistema productivo, público y privado, así debilitaron a la petrolera estatal Pdvsa. Han establecido políticas que estimulan elevados niveles de corrupción: la más significativa es el manejo de la tasa de cambio. Diferencias de 8 a 1 entre tasa fiscal y la del mercado fomentan la corrupción; así ocurrió en lo países de Europa del Este, en Rusia y en Cuba. La asignación de divisas es otra fuente de enriquecimiento ilícito y rápido. Para no ir muy lejos, en Colombia, cuando existía la Superintendencia de Control de Cambios, se decía que sus funcionarios pasaban a mejor vida en esta. Se afirmaba que un alto funcionario decía: “Le apuesto US$10.000 a que no le aprueban su solicitud de dólares”. Si el empresario aceptaba, la obtenía, pero perdía la apuesta.
Es inconcebible que el gobierno de Maduro crea que el desabastecimiento de productos básicos es una política de redistribución del ingreso. Chávez, más sagaz, abasteció los Mercales, en especial en las épocas de elecciones. El diferencial cambiario hace casi inevitable que se desabastezca la frontera, el contrabando a Colombia de bienes importados a Venezuela a la tasa oficial de cambio genera altísimas utilidades ilegales. Lecciones elementales de mercadeo le serían útiles a Maduro.
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