Sin tener la cifra definitiva aún, aproximadamente 56 de cada 100 ciudadanos no fueron a votar por Senado el domingo pasado.
Por: María Teresa Ronderos
Si además descontamos los votos nulos, los no marcados y los blancos, 70 de cada 100 ciudadanos no influyeron en nada en la conformación de esta entidad. El caso de la capital es más desolador. De los 5,1 millones de bogotanos que pudieron haber participado, 74 de cada 100 se abstuvieron.
No es normal semejante abstención. En Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, donde el voto es obligatorio, participa más del 80 por ciento de la gente. En Costa Rica y Venezuela, donde no lo es, votaron en los comicios legislativos de 2010, el 69 y el 66 por ciento, respectivamente. Y en Brasil, donde poco votan por las legislativas, en las presidenciales de ese año votó el 82 por ciento.
Los colombianos no tienen por qué ser más apáticos por naturaleza que otros latinoamericanos. Nuestro abstencionismo revela algo más: una crisis profunda de legitimidad. Y se confirmó en estas elecciones, así unas pocas figuras auténticamente populares hayan conseguido colarse. Esta vez, como en las anteriores, no hubo recambio político real. Con pocas excepciones, las mismas empresas unipersonales consiguieron hacer la magia de cosechar votos, sin haber contribuido en nada a mejorarles la calidad de vida a los ciudadanos. Dejen y verán cuánto les sube la seguridad y les baja la pobreza o les resuelve el problema de las inundaciones a los cordobeses haber elegido nueve senadores.
Como dijo hace poco a Semana el politólogo Fernando Giraldo, los partidos no tramitan los problemas principales de los ciudadanos, que, en cambio, sí atienden organizaciones sociales, sindicatos, grupos de presión o medios.
Por eso a los estudiantes les da ‘jartera’ votar, pero se movilizan con el besatón respondiendo al ímpetu de unos dirigentes que gritan sus peticiones; los campesinos no registran su cédula, pero hacen un paro agrario jalonados por líderes de sus organizaciones de base que sí exigen que les cumplan con bienes públicos para el campo; y por eso en Buenaventura apenas votó el 37 por ciento de sus ciudadanos, y en cambio casi todo el mundo marchó al llamado de la Iglesia Católica, que pedía protegerles la vida y mejorarles sus condiciones paupérrimas.
El Congreso es un espejo de feria que distorsiona la representación de la ciudadanía. Así, al campo lo representan los dueños de la gran ganadería y de la palma y a la ciudad la representan los padrinos de las mafias del transporte y de los contratistas públicos. El país que se sienta en el Congreso, con excepciones, ni siquiera se parece a los colombianos del montón. ¿Cuántos colombianos usan la plata ajena para el avance de su fortuna familiar? ¿Cuántos apelan a hombres armados para conseguir lo que quieren? ¿Cuántos tienen una prole incapaz de sobrevivir sin puesto oficial?
Me ilusiona pensar que esta sea la última elección con este sistema distorsionador de la voluntad popular. Que si apenas participan efectivamente tres de cada 10 colombianos es porque ya se agotó el vetusto y degradado modelo clientelista y el país está listo para cambiar. Quizás sobre esa ampliada libertad de expresión que nos ofrecen los medios virtuales, con esa potencia que le da al ciudadano común la internet para financiar y respaldar ideas frescas, para organizarse y movilizarse, la fuerza inmensa de los desencantados consiga una manera de hacerse valer en las elecciones presidenciales, un partido que los interprete y represente sus intereses una vez esté en el poder. Entonces no habrá repartija, ni subsidios, ni miedo que los puedan atajar.
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